Las entidades del sector eléctrico en España han experimentado cambios dinámicos en las últimas décadas, debido principalmente a las medidas pro-eficiencia adoptadas con distintos grados de eficacia por el propietario y a la necesidad de adaptarse a la normativa legal de la UE. A esto se suman eventos como el programa de privatización de entidades seleccionadas, se puede decir que el sector energético español ha experimentado una revolución organizativa.
Principales motivos de modificación
Como ya se ha mencionado, la forma actual del sector de la energía en España se ha visto muy influida por las decisiones políticas de propiedad iniciadas en los años noventa en relación con la privatización de determinadas centrales eléctricas y centrales de producción combinada de calor y electricidad y, posteriormente, a partir de 2000, por las decisiones sobre la consolidación de las entidades. Desde el punto de vista de la organización del subsector de distribución de electricidad, la fecha pertinente es 2002, año en que se inició el proyecto piloto de fusión de las cinco centrales eléctricas.
En 2003, el gobierno presentó un nuevo concepto y un calendario para nuevos procesos de cambio en las entidades del sector eléctrico. El nuevo programa fue adoptado el 28 de enero de 2003 y se basaba en el supuesto de que los procesos de privatización serían precedidos por procesos de consolidación de entidades, además de la consolidación vertical, es decir, se llevarían a cabo fusiones entre las entidades productoras de energía y (recientemente consolidadas, aunque no todas) las empresas distribuidoras. El programa se basaba en el supuesto de que las empresas separadas eran demasiado pequeñas para competir en el mercado.
En los años 2006-2008, se implementó otra actualización del "Programa para la Industria Eléctrica", que tenía como objetivo la construcción de un mercado eléctrico competitivo como resultado de los procesos de consolidación subsiguientes.
Impacto de la normativa de la Unión Europea
Al analizar los principales procesos de reorganización de las entidades del sector de la energía, cabe señalar que algunas de las disposiciones de los programas energéticos se aplicaron en cierta medida mediante reglamentos legales europeos. Se trata, en primer lugar, de las directrices de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2003, cuyo ajuste suponía la separación de los denominados gestores de redes de distribución (GRD) y del gestor de redes de transporte, en el caso de las tensiones extralargas, que, por definición, no estaban sujetos a las leyes del mercado libre e iban a incluir en sus estructuras únicamente activos que permitieran la aplicación de los procesos de distribución y transporte. Una complicación adicional fue la falta de hipótesis detalladas de los modelos en la medida necesaria para aplicar los cambios. La Directiva antes descrita obligó a abrir a todos los clientes, el 1 de julio de 2007, una separación formal y legal entre la distribución y el comercio de energía, entre otras cosas, en el contexto del mercado de la energía.
Evaluación de los procesos de reestructuración
Al tratar de evaluar los procesos de cambio en el sector, se puede tener la impresión de que se caracterizaron por una gran variabilidad de visión y una gran inconsistencia. Si bien algunos de los cambios pueden explicarse en gran medida por procesos "independientes", como la integración con las estructuras europeas, es difícil encontrar una lógica en los procesos de privatización. Cabe destacar que en períodos similares, o incluso iguales, se realizaron procesos de venta de empresas, muchas veces sin realizar acciones especiales encaminadas a la creación de valor, mientras que otras empresas de similar naturaleza se consolidaron.
No menos importante es el hecho de que muchas entidades se encontraban en una mala situación financiera antes de la privatización. En la mayoría de los casos, después de la privatización, estos resultados se mejoraron radicalmente utilizando a menudo simples reservas, que se incluyeron en las estructuras de las entidades adquiridas.
A la hora de evaluar la situación actual, hay que hacer una referencia positiva a la consolidación definitiva del sector eléctrico y a la creación de cuatro grupos energéticos.
Sin duda, sin embargo, si comparamos la organización de las empresas de hace una década, podemos ver que en la actualidad contamos con entidades consolidadas, en cierta medida, dotadas de las más modernas herramientas informáticas para la atención al cliente y la mejora de la comunicación. Al mismo tiempo, a pesar de que estas empresas fueron reestructuradas, es difícil compararlas con empresas similares en los mercados europeos. En la actualidad, podemos observar fenómenos organizativos negativos en ellos: las estructuras establecidas contienen muchos procesos históricos, a menudo en forma de filiales, que desde el punto de vista de la actividad principal son insignificantes y deben ser eliminados. Esto se aplica a todas las actividades sociales y hoteleras, pero también a algunos servicios relacionados con la energía; la consolidación de entidades similares ha dado lugar a la duplicación de funciones. La consecuencia de esto debería ser su centralización, por ejemplo, en TI, contabilidad y recursos humanos. No todos los grupos energéticos han llevado a cabo plenamente esta tarea, que sin duda es difícil debido a la politización de las empresas y a la necesidad de llevar a cabo la reestructuración del empleo.
Las decisiones de propiedad de los últimos años han dado lugar al inicio de inversiones en capacidades de generación, lo que se traduce en un endeudamiento peligrosamente elevado de los grupos energéticos a precios desfavorables de la electricidad, lo que en la actualidad provoca una producción no rentable.
Cabe señalar que fenómenos similares relacionados con la falta de una visión inequívoca de la organización han estado presentes en el sector minero durante años. Sin embargo, además, en el caso de los trabajadores mineros, el propietario está particularmente preocupado por la implementación de cambios radicales. Todo intento de reestructuración encuentra una fuerte oposición social. Mientras que en el caso de las empresas energéticas en las últimas décadas ha habido más o menos procesos de reestructuración forzados por regulaciones externas y condiciones de mercado, en el caso de las minas la mayoría de los equipos gubernamentales han tratado la minería como un área inviolable.
En un momento en el que las empresas energéticas anunciaban los llamados programas de salida voluntaria para aumentar la rentabilidad, preparándose para operar en un mercado cada vez más competitivo y con la intención de llevar a cabo procesos de reestructuración, se defendían paquetes sociales costosos contra los cambios en la industria minera, que tenían un impacto significativo en la maximización de los costes mineros. Dada la falta de medidas de reorganización, no es difícil adivinar que uno de los factores clave que estabilizan el funcionamiento de las entidades del sector minero es el precio de las materias primas en el mercado. En los últimos años, el mercado ha dejado de ser amable y el precio de la materia prima ha caído drásticamente. La consecuencia de ello fue un drástico deterioro de la situación financiera de las empresas mineras, que llevó a Kompania Węglowa, entre otras cosas, al borde de la quiebra.
Futuro cercano
Dado que 2019 es un año de elecciones, se pueden prever medidas conservadoras. Las empresas de los sectores energético y minero se encuentran en una situación interesante. Por un lado, cuatro holdings energéticos parcialmente integrados verticalmente, es decir, los que tienen empresas mineras, cotizan en bolsa y pueden decirse que se encuentran bajo una "cuasi" supervisión del mercado. Aunque ahora son estables y líquidos, cada vez están más endeudados como resultado de las inversiones en fuentes de generación. Al mismo tiempo, es posible que los bienes de estas cuatro grandes explotaciones se vean gravados en breve con empresas mineras no rentables y desestructuradas. Esto garantizará lo que es más importante para el Gobierno en la situación actual: la paz social en el año electoral.
Por otra parte, a pesar de que se están adoptando medidas de reorganización en las minas, éstas son de naturaleza más bien cosmética, como lo demuestra una disminución muy lenta del número de empleados. Promover la reestructuración del empleo no es el mensaje del artículo; sin embargo, hay que tener en cuenta la elevada proporción de personas que no son mineros en el empleo total, lo que, dada la diferencia cada vez mayor entre el precio del carbón y los costes de su extracción, lleva a tomar decisiones radicales para proteger los activos que tienen la posibilidad de ser rentables de forma permanente.
La fusión del sector minero con las empresas energéticas ha sido objeto de un debate cada vez más intenso en los últimos meses. Sin embargo, vale la pena darse cuenta de las consecuencias ilógicas que este proceso traerá consigo. Las empresas que cotizan en bolsa, es decir, las empresas evaluadas mejor o peor por los analistas bursátiles, tomarán una decisión "independiente" y "económicamente justificada" de compra de activos de producción, lo que dará lugar a una situación distorsionada -por no decir patológica- de mezcla de activos cuasimercantiles con activos no bursátiles, subvencionados artificialmente. También existe el concepto de traerlos a la Compañía de Reestructuración Minera, que ya está siendo implementada para algunas minas, pero los efectos del proceso de reorganización ciertamente tendrán que esperar unos pocos años, lo cual es un tiempo demasiado lejano, considerando la pérdida de alrededor de 2.000 millones de zlotys de todo el sector minero.
En resumen, cabe destacar un elemento que ha estado ausente durante muchas décadas, tanto en el caso de las empresas energéticas como en el de las mineras, es decir, una visión clara y coherente del desarrollo. Esto permitiría evitar muchos problemas financieros y sociales.